“Una incautación de 2 mil pares de zapatillas falsificadas equivalentes a 40 millones de pesos realizó personal de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en las ferias Las Palmeras y Palmeritas, ubicadas en Velásquez con Maipú. La diligencia se originó tras la denuncia recibida por parte del Estudio Marinovic y Cia, que representa a las firmas Nike, Puma, Adidas y Umbro, en la que se detuvo a seis personas por infringir la Ley de Propiedad Industrial”.
Los más rigurosos dirán que con este caso se acogió la ley contra la piratería, la que sanciona este tipo de hechos, pero basta con darle una segunda mirada al texto para deducir el nuevo rol de las policías: más que velar por el bien común (como combatir la delincuencia) estas instituciones se han transformado en guardaespaldas de las grandes transnacionales.
¿Cuál es el peligro que implica una falsificación de zapatillas?, ¿a quién daña? La respuesta es obvia: los perjudicados, los únicos, son las empresas que registran una disminución en las ganancias de su balance anual, después de todo hay que cuidar la billetera de los que financian campañas y dan pega.
Sigo. El nuevo rol de la fuerza pública también se puede ejemplificar de la siguiente manera: vaya y denuncie en Carabineros que le robaron un millón de pesos, de inmediato le preguntarán cómo ocurrió, dirán que “enviarán una patrulla”, pero ¿qué pasaría si agrega que ese robo de dinero proviene de los intereses que le cobró La Polar? Todos saben quién son los responsables, ladrones de cuello y corbata, pero nadie puede ponerles ni un dedo encima.
Otro ejemplo para cuestionar el rol de la fuerza pública del siglo XXI son las multas de tránsito, ¿quién no ha sido sancionado por violar alguna norma? (como no usar el cinturón de seguridad o exceder la velocidad máxima). Está bien fiscalizar, pero si se analiza con cuidado, curiosamente los carabineros sacan más multas en marzo, cuando hay que pagar los permisos de circulación, después de todo, los dineros por las infracciones van a las arcas municipales. Los uniformados deberían estar haciendo presencia en poblaciones o barrios de altos índices de delincuencia.
Un ejemplo más extremo del rol de la nueva policía dice relación con la cada vez menor tolerancia a las manifestaciones ciudadanas. Aunque vivimos en democracia, el ejercicio de reclamar contra las políticas y decisiones públicas parece ser cada vez más limitado, ya que antes de autorizar cualquier movilización se piensa más en defender y cuidar el mobiliario urbano, como si lo material fuese más importante que las ideas (aunque aclarar que la decisión final pasa por la autoridad política).
¿Se ejerce la justicia de la misma forma para todos? ¿somos cada uno de nosotros iguales ante la ley? La respuesta es evidente. Por lo anterior, la ciudadanía, los mismos policías y los gobiernos de turno deben preguntarse cuál es la verdadera función de los encargados de la seguridad pública: si defender los intereses económicos de un sector determinado o ver por el bien común. Es el momento de cambiar.
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